MASACRE DE PANDO, BOLIVIA

Una escalada de violencia se había generado el pasado septiembre en diferentes departamentos del país que se tradujeron en ataques a cuanta institución del Estado encontraron, ataques a instalaciones de las organizaciones indígenas como es el caso de la casa del Cidob (Confederación de índigenas del oriente boliviano), ataques a diversas organizaciones que no estuvieran de acuerdo con los postulados de los comités cívicos en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, persecuciones a representantes y pobladores índigenas, persecuciones y todo tipo de vejámenes contra la población migrante del área del occidente del país. Toda esta sucesión de eventos habría de alcanzar su cúspide cuando el 11 de septiembre en Pando se produciría una masacre de magnitud.

El informe que presentó este sábado el Defensor del Pueblo confirmó que la masacre de Pando fue ejecutada contra indefensos campesinos, con el agravante de una persecución casa por casa y la cacería de personas que intentaban cruzar el río Tahuamanu para salvar sus vidas. El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dio una amplia explicación sobre los luctuosos sucesos acaecidos en las regiones de Tres Barracas y Porvenir, el 11 de septiembre, y en el aeropuerto de Cobija, un día después, jornadas marcadas por la extrema violencia. El informe defensorial confirma que 19 personas fallecieron y 53 quedaron heridas y que en los hechos sangrientos participaron directamente funcionarios de la Prefectura de Pando con la utilización de recursos materiales del Estado. Se confirma que los autores de la matanza usaron armas de fuego de manera desproporcionada "frente al estado de indefensión en que se encontraban los campesinos, con la agravante de la persecución casa por casa, la cacería de personas en su cruce por el Río Tahuamanu y aquellas que escapaban por el monte". El informe indica que los acontecimientos fueron iniciados el 10 de septiembre con la apertura de zanjas a la altura de Cachuelita y Tres Barracas con maquinaria del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) y el uso de vehículos para el traslado de personal de la Prefectura, cívicos y otros con la finalidad de obstaculizar el paso de los campesinos hacia el lugar convocado para llevar a cabo su ampliado.

Han transcurrido más de tres meses de aquello que el Presidente Morales reiteradamente señaló fue un golpe civil en proceso destinado a derrocarlo en cuya planificación habrían inclusive participado funcionarios de un país extranjero. En este lapso varias fueron las medidas adoptadas por el gobierno de Bolivia entre ellas la declaratoria de persona no grata al embajador norteamericano, la misma que se traducidiría en su posterior salida. Aparte del refuerzo en el control policial donde se registraron estos hechos, otra medida aplicada fue la declaratoria de Estado de Sitio en Pando, a la que seguiría la detención de la autoridad prefectural de esa ciudad y la detención de varias personas sospechosas de haber participado tanto en la masacre de Pando como en la toma de instituciones del Estado.

Hasta la fecha de los más de 40 confinados que se encontraban en La Paz, la mitad ya retornó a sus lugares de origen, otros cuatro fueron liberados y 15 personas el día de ayer se acogieron a un juicio abreviado. Asimismo, se conoce que en el caso del atentado al gasoducto que interrumpió la exportación de gas a la Argentina, "El presidente del Comité Cívico pro Intereses de Tarija, Reynaldo Bayard, y su colega René Gonzalo Salazar este sábado fueron detenidos preventivamente en el penal de San Pedro, en el marco del proceso ordinario instaurado a los acusados del atentado terrorista del 10 de septiembre pasado en contra del gasoducto Yacuiba - Río Grande (Gasyrg)".

Por su parte, los familiares de las víctimas de la masacre de Pando prácticamente durante varias semanas estuvieron día y noche en vigilia en las cercanía de la plaza de San Pedro en La Paz con el fin de pedir justicia. A esta vigilia también se fueron sumando miembros de organizaciones sociales así como integrantes de las poblaciones indígenas de las diferentes provincias de La Paz.

Los hechos del 11 de septiembre se constituyen en un capítulo lamentable en la historia de Bolivia, en el cual nuevamente indígenas campesinos son las víctimas.